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Aunque tienen diferencias evidentes, ETA intentó emular al IRA en algunos de sus peores atropellos. En ocasiones, de aquella copia salió una versión chapucera del terrorismo que, sin embargo, añadió más drama al asunto. En 1993, tras la Declaración de Downing Street que se leería a posteriori como el prólogo del
proceso de paz, hubo diecisiete meses de tregua que el IRA rompió con un atentado en el barrio financiero de Canary Wharf, en Londres. La negociación estaba estancada y el IRA pretendió demostrar su fuerza así, con una potente bomba. Murieron dos personas, Inam Bashir y John Jeffries.
ETA hizo prácticamente lo mismo en la tregua del 2006, que rompió con un atentado en la terminal 4 del aeropuerto de Barajas al colocar una furgoneta bomba en el aparcamiento. La fecha, un concurrido 30 de diciembre. En esa ocasión murieron dos hombres ecuatorianos que, por no tener, no tenían ni un sitio para dormir dignamente, ya que habían pasado la noche en sus respectivos coches. Diego Armando Estacio había nacido en el barrio marginal de Machala, en Ecuador, en una casa con ladrillos desnudos y agujeros en las ventanas.

Carlos Alonso Palate fue la otra víctima que murió bajo los escombros de ese pulso sangriento que ETA diseñó. Carlos era de un pueblo de los Alpes ecuatorianos, lleno de polvo y rodeado de piedras. Picaihua se llama. Su madre viajó hasta Madrid para identificar el cuerpo de su hijo. Era la primera vez que salía de su pueblo porque, pobre hasta las cachas, era Carlos quien alimentaba a toda su familia.
En su delirio, el IRA trató además de imponer una especie de seguridad pública propia. Para ese trabajo, al que se dedicaron con mano dura, actuaban contra los robos y el consumo drogas. Pero, violentos como eran, el exceso solía imponerse a su orden.
Juzgaban como lo hacían los Tribunales Militares del franquismo: ellos eran los jueces, marcaban las normas a seguir, no cabían pruebas contrarias ni existía un esfuerzo probatorio, no había posibilidad de recurso y, por supuesto, la sentencia estaba decidida de antemano
Y, aunque las dos organizaciones tienen diferencias evidentes, en esto ETA tampoco fue muy original. En su particular estrategia de seguridad pública, se dedicó a matar a personas a las que acusaba, en la mayoría de las ocasiones sin fundamento, de chivatos o traficantes. Así fue engordando la lista de damnificados por su locura. Juzgaban como lo hacían los Tribunales Militares del franquismo: ellos eran los jueces, marcaban las normas a seguir, no cabían pruebas contrarias ni existía un esfuerzo probatorio, no había posibilidad de recurso y, por supuesto, la sentencia estaba decidida de antemano. Alguien era chivato, policía secreta o camello que colaboraba con la Guardia Civil porque ETA lo decidía, y nada más.
En 1973, ETA mató a los jóvenes gallegos Fernando Quiroga, José Humberto Fouz y Jorge Juan García porque estando en San Juan de Luz los confundieron con policías. Sus cuerpos, 48 años después, aún están desaparecidos.

En 1981, otros tres chicos jóvenes que iban vendiendo libros a domicilio en Tolosa, Pedro Conrado Martínez Castaños, Juan Manuel Martínez Castaños e Ignacio Ibarguchi, fueron asesinados al ser confundidos también con policías.
Al panadero gallego que vivía en Rentería, Cándido Cuña le intentaron matar dos veces: una en 1979 y otra en 1983. La acusación no podía ser más estrambótica: vender pan a la Guardia Civil. A Luis Domínguez Jiménez lo mataron en Bergara en 1980 por ser “amigo de guardias civiles”. En 1983, en Irún, asesinan a Lorenzo Mendizábal porque en su carnicería compraban guardias civiles. Ramón Díaz fue asesinado con una bomba lapa puesta en su humilde Ford Orion en el año 2001 porque era cocinero en la comandancia de Marina, nada más, solo por eso.
Ramón Díaz fue asesinado con una bomba lapa puesta en su humilde Ford Orion en el año 2001 porque era cocinero en la comandancia de Marina
El pueblo guipuzcoano de Pasajes es oscuro y lluvioso, hecho de inmigración y marineros. En 1985, Ángel Facal, Gelín, con 42 años, iba todas las tardes a comerse un bocadillo a un bar decadente del pueblo. Se quedaba fuera porque aprovechaba para liarse un porro y fumárselo. Delgado, con el pelo desarreglado y barba larga, Ángel caminaba por el pueblo arrastrando los pies porque su dependencia a las drogas le pesaba más que la lluvia que caía incesante. A eso se dedicaba, a encontrar algo de dinero para comprarse el bocadillo y el hachís para el día, aunque en los últimos tiempos se había pasado al caballo. El 26 de febrero, Idoia López Riaño, La tigresa, le pegó un tiro en la cabeza. Gelín ya no volvería a ese bar a comer ese bocadillo porque ETA le había acusado de ser un instrumento de la represión del Estado opresor, a él, que no tenía ni para merendar en un bar viejo de su pueblo.
Cuanto más absurda era la acusación, más miedo se generaba y más intimidatorio se volvía el ambiente. El terror actúa como un disolvente de la libertad porque en el miedo, en la cabeza gacha, es donde crece con comodidad. Esos asesinatos de gente común buscaban precisamente eso, que todos fuéramos cobardes porque la pistola y la lengua acusatoria podían apuntarte en cualquier momento.
Cuanto más absurda era la acusación, más miedo se generaba y más intimidatorio se volvía el ambiente.
Así que, entre acusaciones de tráfico de drogas y chivateo que estiraron hasta el infinito, ETA aplicó su propia justicia popular a docenas de personas. Una actitud que a veces escondía una chapuza evidente y otras, el ánimo de ejercer un control social dictatorial. Porque también los parias de la tierra estuvieron bajo el yugo de ETA.
Escrito por Joseba Eceolaza, miembro de Gogoan por una memoria digna
Este artículo ha sido publicado en Diario de Navarra, Diario de Noticias, El Correo y Diario Vasco.
Se trataba de un agradecimiento público a quienes reaccionamos al horror de justificar que la vida fuera menos importante que un proyecto político; de justificar que se matara, que se amedrentara y que se extorsionara en nombre del pueblo vasco. Desde nuestro punto de vista, el sentido del acto suponía reconocer que la movilización social contra ETA fue un factor fundamental en su deslegitimación, y que los movimientos sociales que la impulsaron fueron un agente de concienciación esencial en el proceso de mostrar públicamente el rechazo a la violencia de ETA.
su presencia en el estadio, que esa dinámica de violencia y amenaza de ETA tenía que acabar. Aquella respuesta multitudinaria se realizó a propósito del secuestro de Julio Iglesias Zamora, en 1993, y fue activada por el símbolo del lazo azul. Posteriormente, hubo más movilizaciones masivas por asesinatos que, como el de Miguel Ángel Blanco en 1997, fueron percibidos como particularmente trágicos y marcaron a la evolución de la movilización social contra ETA. Como sabemos, hasta que ETA se disolvió hubo todavía muchos más asesinatos injustos, porque, a pesar de la protesta social, ETA tardó unos quince años y muchas vidas más arrebatadas, hasta anunciar su final. Esa movilización social contra ETA, ese rechazo personal y social mostrado, cada vez mayor, fue decisivo para que la organización armada decidiera disolverse y es muy importante reconocerlo así, y que el relato de lo que vivimos tenga en cuenta esa idea de evolución de la sociedad vasca frente a ETA.








Pero si algo fue especialmente injusto, fue lo que cada lunes ocurría en La Paloma primero y en el Buen Pastor después. Sí, los de Alditrans tuvieron que cambiar el lugar de convocatoria para tratar de reducir las agresiones de que eran objeto. Aquello fue muy injusto para los trabajadores de Alditrans porque prácticamente nada más salir con su humilde pancarta a pedir la libertad “de su jefe” que era su padre, su tío, su primo, su amigo, etc. la izquierda abertzale también los empezó a acosar, a hostigar, a perseguir como si fueran culpables de algo, como si fueran apestados, como si no tuvieran derecho a pedir que José María volviera a casa, a la empresa, que recuperara la libertad. Fue especialmente injusto porque aquella estrategia de extender “el sufrimiento” recientemente estrenada, Oldartzen, les dio directamente en la cara a unos jóvenes Oskar e Idoia -Txetxo estaba fuera y acudía muy de vez en cuando-, los hijos de Aldaya. Nunca se había escenificado una tortura pública tan cruel como la que los matones de la izquierda abertzale sometieron a esta familia y eso los hizo especiales. Y, mientras, Loli, la esposa y la madre, se quedaba en casa sufriendo también esa crueldad; no solo por lo que le contaban sus hijos o veía en la televisión, sino porque recibía llamadas telefónicas brutales como aquella de “Ya hemos soltado a Aldaya. Está colgado del puente de…”

La sala estaba llena de gente entregada y encantada de escuchar a uno de los invitados por la Fundación Rubial, el Lehendakari Patxi López, a Juan Luis Ibarra, autor del prólogo del libro, y a la autora, la periodista. El acto estuvo muy bien; muy ajustado en tiempo y forma a lo que era, pero ¿y el libro? El libro es un gesto imprescindible de Memoria.
La periodista relata con agilidad y frescura de muy alta calidad muchos de los episodios que le tocó vivir como trabajadora de El Correo y El Diario Vasco. Recoge los testimonios de varios familiares de víctimas de ETA y de supervivientes y los va tejiendo a lo largo de las 173 páginas con una maestría admirable, tratando cuestiones que están ahí engarzadas en cada historia: la vía Nanclares, el perdón, la reacción de la sociedad, el abandono de las víctimas, el valor de quienes defendieron la democracia, etc. He de reconocer que el relato de Manuel Zamarreño hace enmudecer.
El deber de memoria es un artículo escrito en junio de 2019 por Joseba Eceolaza, destacado político y sindicalista navarro. Es, además, escritor y una persona muy interesada en la memoria histórica y, también, en la memoria del periodo de violencia reciente en Euskal Herria. Por esta razón es miembro de Gogoan, por una memoria digna.
En el deber de memoria juegan un papel importante los valores universales, aplicables incluso a situaciones que no nos gustan. Por ejemplo, supone una trampa ética enorme pedir que los crímenes ultras de la transición no queden impunes y sin embargo no exigirle a ETA que colabore en el esclarecimiento de los múltiples asesinatos pendientes. Esa desconexión ética es la que tenemos que quebrar, si queremos reconstruir todos los tejidos sociales rotos por años de violencia.
“Heridos y olvidados” de María Jiménez y Javier Marrodán sobre las primeras acciones mortales de los años sesenta de ETA, hay que tener en cuenta que “matar a alguien fue una decisión meditada, debatida y acordada de forma mayoritaria”.

En el museo se recoge la actividad terrorista que ha habido en España en el siglo XX y en el XXI y resulta realmente interesante para cualquier persona interesada en el tema. A pesar de los esfuerzos invertidos, es posible que a quien lo visite no le termine de encajar el tratamiento en el mismo espacio de dos conceptos de terrorismo tan diferentes como los terrorismos ‘autóctonos’ de funcionamiento ‘clásico’ (desde el FRAP hasta ETA) y el terrorismo global protagonizado por los distintos grupos extremistas de inspiración islamista que, además de tener unas maneras diferentes, nos traslada a una problemática un tanto ajena para la mayoría de la sociedad.
El terrorismo de ETA ocupa un lugar relevante como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el número de víctimas ocasionadas y el tiempo que ha pervivido en nuestra sociedad. Prácticamente, al incorporarte al museo hay una sala en la que se escuchan testimonios de víctimas del terrorismo. Todos ellos son impactantes, pero hemos seleccionado las palabras de Ana Arregui:
Otro aspecto especialmente interesante son los datos sobre los heridos. Decir que se generaron 5.000 heridos, se puede quedar en una anécdota, en un simple número que nos pudiera dejar un tanto indiferentes. Sin embargo, en el museo, se hace una referencia expresa a las personas heridas que quedaron con una gran invalidez: 60 personas que quedaron muertas en vida y cuyo testimonio es difícil compartir, traerlo a la memoria, ya que resulta complicado mostrar ese dolor sin aumentárselo a la propia víctima.
Precisamente fue Gesto por la Paz la organización que acuñó la expresión ‘violencia de persecución‘ y desarrolló una importante campaña (‘Si te amenazan, nos agreden‘) denunciando la situación que vivían las personas amenazadas. Afirmaron que existían 42.000 amenazadxs.




