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Gogoan-por una memoria digna

~ Por una memoria digna como derecho de las víctimas y de la sociedad vasca en general. Una memoria que deslegitime la violencia y que sea pedagógica para prevenir situaciones como las vividas en Euskal Herria los últimos 50 años.

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La impostura sobre el tercer grado de algunos presos de ETA

30 viernes Dic 2022

Posted by gogoanmemoria in presos

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Reflexiones ante la manifestación de Sare, colectivo de apoyo a los presos de ETA, el próximo 7 de enero bajo el lema “Cerca el camino a casa”

Hoy quedan aproximadamente 170 presos de ETA en España (160 EPPK, 5 ATA, 2 Vía Nanclares y algunos no vinculados) y 13 en Francia (12 del EPPK y 1 ATA). Cuando ETA asumió su final, en 2011, había 700 presos de ETA [Datos de AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) y Etxerat].

Terminada ya la injustificada política de alejamiento, el debate penitenciario sobre los presos de ETA se está centrando ahora en el acceso al tercer grado, una clasificación que permite, en su régimen normal, salir diariamente a la calle, pernoctando en la cárcel, o regímenes de algo más o algo menos de semilibertad.

Además, desde los colectivos de apoyo a los presos de ETA se piden dos reformas legales, una relativa al cómputo retroactivo del tiempo de prisión cumplido en Francia (que afectaría a 50 presos de ETA) y, otra, sobre la Ley 7/2003 para el cumplimiento íntegro de penas, que elevó hasta 40 años el límite máximo efectivo en privación de libertad. Pero ahora mismo su prioridad está fijada en la concesión de los terceros grados.

En el período 2018-2021 el Ministerio de Interior reconoció 28 terceros grados a presos de ETA. Asimismo el Gobierno Vasco en 2022, desde que empezó a ejercer la competencia de prisiones, ha concedido 33 terceros grados a este colectivo (14 firmes, 6 revocados judicialmente y 13 pendientes de resolución de recurso) [Datos AVT].

En el período 2018-2021 el Ministerio de Interior reconoció 28 terceros grados a presos de ETA y el Gobierno Vasco en 2022, cuando empezó a ejercer la competencia de prisiones, ha concedido 33 terceros grados a este colectivo

La clasificación en tercer grado está sometida a revisión judicial, si la impugna la fiscalía, tanto cuando se ha basado en razones humanitarias (enfermedad incurable), como cuando se fundamenta en la evolución favorable del preso hacia la reinserción. Los datos apuntados reflejan que no pocos presos de ETA han conseguido la clasificación en tercer grado, tanto cuando éstos dependían del Ministerio, como cuando lo hacen del Gobierno Vasco. Nos encontramos con que algunos sí han alcanzado este tratamiento penitenciario y, en cambio, otros no. Aunque sin duda hay valoraciones distintas entre las Juntas de tratamiento, y entre fiscales y jueces de la Audiencia Nacional.

no pocos presos de ETA han conseguido la clasificación en tercer grado

Hay que recordar que en delitos de terrorismo, la ley penitenciaria (artículo 72 LOGP) exige que para el acceso al tercer grado y a la libertad condicional las personas presas muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.

la ley penitenciaria exige que para el acceso al tercer grado y a la libertad condicional las personas presas muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno

Pero en este debate nos parece que hay posiciones llenas de impostura desvergonzada, que hay que poner sobre la mesa. Después de décadas en las que la izquierda abertzale vetó a los presos, con mano de hierro y expulsiones, la petición de progresiones de grado (alargando innecesariamente los encarcelamientos), en 2017 el EPPK cambió de estrategia, pero imponiendo un límite inaceptable.

Y es que Antton Lopez «Kubati», responsable de presos de Sortu y quién mató a Yoyes, y Joseba Azkarraga, portavoz de Sare, manifestaron: «cada preso debe actuar de manera individual en la búsqueda de avanzar y mejorar su propia situación con las líneas infranqueables de no arrepentimiento y no delación»

la izquierda abertzale vetó a los presos, con mano de hierro y expulsiones, la petición de progresiones de grado, alargando innecesariamente los encarcelamientos

sus portavoces han impuesto públicamente que el reconocimiento de la injusticia cometida es una línea roja infranqueable para los presos de ETA

Por eso, tener que escuchar ahora a las organizaciones de la izquierda abertzale encargadas de estos temas, que todos los presos de ETA están asumiendo la “reinserción restaurativa”, cuando sus portavoces han impuesto públicamente que el reconocimiento de la injusticia cometida es una línea roja infranqueable para los presos de ETA, y han despreciado a los presos disidentes de la vía Nanclares por hacerlo, resulta contradictorio y engañoso, al afirmar una cosa y la contraria. Más allá de las dudas sobre sus connotaciones, las palabras “perdón” o “arrepentimiento”, significan desear no haberlo hecho; significan reconocer la injusticia de lo hecho, una valoración ética del daño causado, lo cual es diferente del mero reconocimiento de haber causado un daño. Decir que el daño causado fue injusto e injustificado es algo que sí puede tener efecto reparador para las víctimas y para el conjunto de la sociedad.

las palabras “perdón” o “arrepentimiento”, significan desear no haberlo hecho; significan reconocer la injusticia de lo hecho, una valoración ética del daño causado, lo cual es diferente del mero reconocimiento de haber causado un daño.

Esta impostura sobre los procesos de reinserción de ciertos presos de ETA se enmarca en la posición de fondo de Sortu en cuanto al relato y la memoria, desplegada mediante tres estrategias:

  1. Evitar a toda costa que los presos de ETA y quienes les dieron y les dan soporte sociopolítico hagan público cualquier gesto de reconocimiento de la injusticia de la violencia y del «bietan jarrai» que promovieron durante décadas.
  2. Extender una viscosa niebla ética relativista con el «todos los relatos son válidos», una mercancía averiada que pretende neutralizar el suelo ético democrático deslegitimador del terrorismo.
  3. Y mientras tanto, reproducir su relato épico-martirológico con distintos proyectos memorialísticos sectarios, y hegemonizando el espacio público con fotos y murales de presos condenados por gravísimos delitos, como sigue sucediendo en cientos de lugares del país.

pretender a la vez vender que todos los presos de ETA están transitando la reinserción restaurativa, reconociendo la injusticia provocada, es un insulto a la inteligencia, que muestra una escasa honestidad

Defender el relato de ETA y de la izquierda abertzale es una histórica posición política, éticamente brutal, aunque amparada por las libertades fundamentales. Pero pretender a la vez vender que todos los presos de ETA están transitando la reinserción restaurativa, reconociendo la injusticia provocada, es un insulto a la inteligencia, que muestra una escasa honestidad. Hay unos que sí (dejadles recorrer su propio camino ético y permitidles su libertad de expresión sin líneas rojas); pero otros muchos, y el conjunto de la izquierda abertzale vinculada a Sortu, por el momento, no. Y ya que algunos no están todavía para rectificar los relatos justificadores de su violencia, que al menos abandonen el uso de la trampa y el engaño victimista.

Gogoan, por una memoria digna

La alargada sombra del exgeneral

07 domingo Mar 2021

Posted by gogoanmemoria in Guerra sucia

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acercamiento de presos, Audiencia Nacional, Batallón Vasco Español, Busor, BVE, caso Linaza, CESID, Consejo General del Poder Judicial, cuartel de Intxaurrondo, democracia, El Mundo, El País, Elizabeth Huerta, Enrique Rodríguez Galindo, ETA, GAL, Gara, Gesto por la Paz, Iturbide y Zabala, izquierda abertzale, Jesús García García, Joaquín Giménez, José María Lidón, Joseba Pagazaurtundua, Joxean Lasa, Joxi Zabala, Juan Mari Bandrés, Juan Mari Jauregi, Julen Elorriaga, La SER, Maixabel Lasa, María Jauregi, Mikel Zabalza, Naiz, Noticias Alava, Noticias de Navarra, Pili Zabala, reinserción, RTVE, Si la democracia mata la democracia muere, terrorismo, tortura, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo

Enrique Rodríguez Galindo

Enrique Rodríguez Galindo ha muerto este 14 de febrero víctima de esta trágica pandemia y a nuestras cabezas ha vuelto aquella idea de que “si la democracia mata, la democracia muere”. En los años noventa fue el lema de Gesto por la Paz para exigir verdad y justicia sobre el terrorismo perpetrado desde el propio Estado, el del GAL. Y vuelve a nuestra memoria puesto que este exgeneral pervirtió sus responsabilidades públicas hasta el extremo de convertirse él mismo en un criminal. La democracia era secuestrada, torturada y asesinada con cada acción del GAL, como lo había hecho antes con las acciones del Batallón Vasco Español (BVE) y con la represión franquista.

Si la democracia mata, la democracia muere

Precisamente, a partir de la figura de Rodríguez Galindo es posible seguir un hilo de crímenes con conexiones directas entre ellos y con algo en común: poner en la diana la propia noción de democracia. Porque curiosamente algunos de quienes más lucharon contra el terrorismo que se practicó desde el Estado y, por lo tanto, por fortalecer la democracia, estuvieron tanto amenazados por el exgeneral como por la propia ETA.

El País. Jesus García García

El 15 de octubre de 1983 está marcado a sangre y fuego en la memoria colectiva. Ese día el GAL comenzó su andadura con el secuestro en Baiona de Joxean Lasa y Joxi Zabala. Su posterior tortura en el cuartel de Intxaurrondo y en el Palacio de la Cumbre en Donostia fue tan salvaje que viendo el estado en que se encontraban, Galindo y Julen Elgorriaga deciden que sean asesinados y desaparecidos. Lo cual sucede en Busot, Alicante. Allí estuvieron tan enterrados en cal como rotas sus familias hasta el año 1995, en el que fueron identificados sus restos, gracias al comisario de la Policía Nacional de Alicante Jesús García García, que murió de un infarto ante el tribunal, mientras testificaba contra Galindo, en medio de enormes presiones.

En esa segunda mitad de los noventa se investigaba intensamente a nivel periodístico y judicial en la Audiencia Nacional la implicación de miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, CESID y las más altas instancias del Ministerio de Interior en la creación, dirección, financiación y encubrimiento del grupo terrorista GAL. Las sentencias condenatorias llegarían en abril de 2000 y fueron confirmadas en julio de 2001 y julio de 2002 por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional respectivamente.

En esos mismos años, cuando la democracia depuraba a quienes la venían mancillando durante tanto tiempo, ETA asesina precisamente a algunos de quienes más habían hecho por esclarecer estos crímenes de Estado. A algunos a los que por ese motivo el mismo Galindo tenía también en su punto de mira.

ETA asesina precisamente a algunos de quienes más habían hecho por esclarecer estos crímenes de Estado

Maixabel Lasa y María Jauregi

El caso de Juan Mari Jauregi en julio del 2000 es el más claro. El militante antifranquista y preso político que daba clases de euskera a otros reclusos de la prisión de Basauri, que en su condición de Gobernador Civil de Gipuzkoa había sido una persona clave para poder investigar a Galindo y sus secuaces por el GAL, aquel sin cuyo concurso no hubiera sido posible probablemente la sentencia del caso Lasa y Zabala, era asesinado en Tolosa por ETA. Juan Mari Jauregui, tal como revelaron años después su mujer Maixabel y su hija María, sabía las consecuencias que enfrentaba: “ez dakit nork hilko nauen, edo ETAk edo Galindok berak”. Temía que le asesinara el mismísimo General Galindo, pero lo hizo ETA. Eso sí, ambos por el mismo motivo homicida: su compromiso con la democracia. Con su asesinato, se intentaba matar la democracia como años antes con los de Lasa y Zabala.

Pero Jauregui no fue el único. En 2001 ETA hizo pagar a José María Lidón con su vida su vocación servicio público. Él fue, junto con la instructora Elizabeth Huerta, uno de los primeros jueces que en los 80 procesó y dictó una sentencia condenatoria contra doce guardias civiles, coroneles incluidos, por torturas en el emblemático “caso Linaza”.

         

Y poco después, en 2003, era Joseba Pagazaurtundua el asesinado por ETA. Sus investigaciones como policía municipal de Andoain contribuyeron a desarticular uno de los grupos operativos principales del grupo terrorista de extrema derecha durante la transición Batallón Vasco Español, formado por Iturbide y Zabala. El mismo comando del BVE que antes había asesinado a varios militantes y cargos públicos de la izquierda abertzale en el conocido aquellos años como triángulo de la muerte (Urnieta, Hernani y el mismo Andoain).

Juan Mari Bandrés: por la libertad se muere, pero no se mata.

Y es que la sombra del General era alargada… Tanto que los jueces que se atrevieron a investigar y condenar a aquellos guardias civiles que mataban y torturaban en nombre de una democracia que mancharon, se enfrentaban a sus amenazas. Joaquín Giménez, presidente de las Audiencias Provinciales de Gipuzkoa y Bizkaia en aquella época, lo ha explicado con detalle. Galindo era el que en 1986 le recriminaba a este magistrado haber citado en la apertura del curso judicial a Bandrés y su: “por la libertad se muere, pero no se mata”. Era el que acosaba impunemente, rodeando la Audiencia con decenas de vehículos militares, a estos jueces por citar a declarar a guardias civiles hasta el punto de tener que pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial. Uno de esos jueces era el propio Joaquín Giménez que tras 18 años sentenciando casos de violencia y torturas tuvo que abandonar Euskadi tras la amenaza de una ETA que tenía ya planificado en detalle su asesinato. El mismo juez que defiende el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi y su reinserción social.

Mikel Zabalza

En aquellos años la impunidad era tan asfixiante como la bolsa que acabó con la vida de Mikel Zabalza en 1985 en el mismo cuartel de Intxaurrondo que dirigía con mano de hierro el General. La conversación conocida estos días es tremendamente significativa de la impunidad que permite a unos funcionarios del Estado hablar con tal banalidad del asesinato y de la tortura.

Estos días Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, al hilo de la muerte de Galindo, explicaba que “víctima y agresor quedan perpetuamente unidos, se quiera o no. Galindo me recuerda a mi hermano y nuestro apellido y el suyo estarán históricamente enlazados”. Si tiene que ser así, que el nombre de Galindo quede unido a la injusticia de lo que un Estado democrático nunca debería hacer en la lucha contra el terrorismo. Que en su alargada sombra no quepa la tentación de repetir las historias de Lasa, Zabala, Zabalza y de tantos otros.

que el nombre de Galindo quede unido a la injusticia de lo que un Estado democrático nunca debería hacer en la lucha contra el terrorismo

Defender la democracia en Euskadi era enfrentarse a todo tipo de terrorismo. Durante demasiado tiempo en nuestra tierra se mató: en la dictadura, contra la democracia e incluso en nombre de ella. En todos estos casos, cada asesinato político también mataba la democracia. La intentaban matar quienes han secuestrado, torturado, amenazado y asesinado sin importar sus siglas: BVE, GAL o ETA. Y si esa democracia no pereció tras tantos ataques no fue precisamente por el general Galindo, como expresaba en twitter determinada asociación de guardias civiles; fue a su pesar y gracias al compromiso de quienes le plantaron cara a él, a los suyos y a sus métodos, personas como Juan Mari Jauregi, Joseba Pagazaurtundua o José María Lidón. Que no se olvide.

Si esa democracia no pereció tras tantos ataques no fue precisamente por el general Galindo, sino gracias al compromiso de quienes le plantaron cara a él, a los suyos y a sus métodos, personas como Juan Mari Jauregi, Joseba Pagazaurtundua o José María Lidón. Que no se olvide.

 

Sergio Campo, Sabin Zubiri y Xabier Mugarza. Gogoan, por una memoria digna


 

Este artículo fue publicado en Gara y Naiz el 26 de febrero.

Guerra sucia I

22 jueves Jun 2017

Posted by gogoanmemoria in Guerra sucia, Memoria

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Hace 26 años, se inició el primer juicio con el que se pretendía esclarecer la trama GAL. Y en aquellos tiempos, pocas eran las voces que gritaban contra esta barbarie. Una de ellas fue Gesto por la Paz que hacía grandes esfuerzos por sensibilizar a la ciudadanía sobre la maldad y perversidad de aquella trama terrorista.

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Concentración de Gesto por la Paz ante la Audiencia Nacional. Madrid, 1991

Por desgracia, la maldad y perversidad de ETA que seguía actuando y poniendo muchísimos cadáveres y vidas destrozadas cada día, hizo que el disfraz de ‘antiterrorista’ utilizado por los GAL fuera ‘creíble’ para gran parte de la ciudadanía. De esta manera, los esfuerzos de la organización pacifista tuvieron que ser mayores aun sabiendo que los frutos podrían ser pequeños.

Sugerimos la visita al blog Una historia curiosa de estudiantes de historia en el que hacen una recopilación bastante completa de lo que fue el terrorismo de Estado. Por suerte, no prolongaron mucho su actividad que terminó a finales de los 80.

Han pasado muchos años y aún siguen sin esclarecerse muchos de los asesinatos cometidos por el GAL. En proporción, hay muchos más atentados del GAL sin esclarecer que los de ETA. Y, curiosamente, de las pocas personas que fueron juzgadas y condenadas, varias obtuvieron indultos o excarcelaciones por diferentes motivos: El País

barrionuevo y veraQuizás los casos más llamativos son los del Ministro José Barrionuevo y el Secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera que en julio de 1998 fueron condenados a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta por el secuestro de Segundo Marey y por impulsar y financiar las acciones de los GAL. Bien, pues y en diciembre del mismo año, salieron de la cárcel. A pesar de que la sentencia fue ratificada en 2001 por el Tribunal Constitucional, en 2004 obtuvieron la libertad definitiva.

Otro caso especialmente llamativo también fue el del General Enrique Rodríguez Galindo.

Enrique Rodríguez Galindo, general of the Civil Guard Rodríguez Galindo among other officers in a Civil Guard parade

Foro de Huffington

En el año 2000 fue condenado a 71 años de prisión acusado de secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Permaneció en la prisión militar de Alcalá de Henares desde mayo del 2000 hasta julio de 2003 que, teniendo en cuenta que había perdido su condición de militar, se le trasladó a la cárcel de Ocaña II. En septiembre de 2004, el Gobierno el Ministerio de Interior decidió excarcelar a Rodríguez Galindo por motivos de salud. Desde entonces, cumple la pena bajo libertad vigilada.

Después de leer esto, cualquiera podría dudar de si realmente la justicia es igual para todas las personas. Y quizás no habría sido así, si la sociedad en general hubiera sido más intransigente con esta violencia también terrorista. Y es que realmente no lo fue. No lo fue no sólo porque aquel 24 de junio -o cualquiera de los otros días en los que Gesto por la Paz salió a la calle por este tema- solo estuvieran 12 personas delante de la Audiencia Nacional pidiendo justicia y limpieza del Estado de Derecho, no. gonzalez-barrionuevoNo lo fue, fundamentalmente, porque miles de ciudadanos y ciudadanas pensaban que estos asesinatos no estaban del todo mal y así lo demostraron sin ningún tipo de rubor quienes fueron a la cárcel de Guadalajara a despedir a quienes entraban presos por haber organizado y financiado los GAL o quienes permitieron y siguen permitiendo que exista la Avenida Jose Barrionuevo Peña.

No lo fue porque cuando Rodríguez Galindo ingresó en Ocaña II, esto es, una cárcel no militar (esto hace pensar que en la militar no estaba nada mal), la familia presentó una petición de indulto avalada por ¡¡¡100.000 firmas!!!

Los aplausos, los gritos de apoyo, incluso el silencio que no condenaban estos asesinatos no son más que formas de ‘legitimar’ de alguna manera este otro terrorismo. Entonces era más difícil porque las continuas actuaciones de ETA podían animar a hacer dejadez de lo que debería ser una obligación ciudadana: condenar sus asesinatos. Pero no se entiende que pasados los años, persistan complicidades con aquellas formas de actuar absolutamente inmorales, inhumanas y antidemocráticas. Y para dejarlo bien claro, aquí se debería exigir la verdad de lo ocurrido, especialmente, por justicia hacia sus víctimas.

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