Enrique Rodríguez Galindo ha muerto este 14 de febrero víctima de esta trágica pandemia y a nuestras cabezas ha vuelto aquella idea de que “si la democracia mata, la democracia muere”. En los años noventa fue el lema de Gesto por la Paz para exigir verdad y justicia sobre el terrorismo perpetrado desde el propio Estado, el del GAL. Y vuelve a nuestra memoria puesto que este exgeneral pervirtió sus responsabilidades públicas hasta el extremo de convertirse él mismo en un criminal. La democracia era secuestrada, torturada y asesinada con cada acción del GAL, como lo había hecho antes con las acciones del Batallón Vasco Español (BVE) y con la represión franquista.

Si la democracia mata, la democracia muere

Precisamente, a partir de la figura de Rodríguez Galindo es posible seguir un hilo de crímenes con conexiones directas entre ellos y con algo en común: poner en la diana la propia noción de democracia. Porque curiosamente algunos de quienes más lucharon contra el terrorismo que se practicó desde el Estado y, por lo tanto, por fortalecer la democracia, estuvieron tanto amenazados por el exgeneral como por la propia ETA.

El 15 de octubre de 1983 está marcado a sangre y fuego en la memoria colectiva. Ese día el GAL comenzó su andadura con el secuestro en Baiona de Joxean Lasa y Joxi Zabala. Su posterior tortura en el cuartel de Intxaurrondo y en el Palacio de la Cumbre en Donostia fue tan salvaje que viendo el estado en que se encontraban, Galindo y Julen Elgorriaga deciden que sean asesinados y desaparecidos. Lo cual sucede en Busot, Alicante. Allí estuvieron tan enterrados en cal como rotas sus familias hasta el año 1995, en el que fueron identificados sus restos, gracias al comisario de la Policía Nacional de Alicante Jesús García García, que murió de un infarto ante el tribunal, mientras testificaba contra Galindo, en medio de enormes presiones.

En esa segunda mitad de los noventa se investigaba intensamente a nivel periodístico y judicial en la Audiencia Nacional la implicación de miembros de la Guardia Civil, Policía Nacional, CESID y las más altas instancias del Ministerio de Interior en la creación, dirección, financiación y encubrimiento del grupo terrorista GAL. Las sentencias condenatorias llegarían en abril de 2000 y fueron confirmadas en julio de 2001 y julio de 2002 por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional respectivamente.

En esos mismos años, cuando la democracia depuraba a quienes la venían mancillando durante tanto tiempo, ETA asesina precisamente a algunos de quienes más habían hecho por esclarecer estos crímenes de Estado. A algunos a los que por ese motivo el mismo Galindo tenía también en su punto de mira.

ETA asesina precisamente a algunos de quienes más habían hecho por esclarecer estos crímenes de Estado

El caso de Juan Mari Jauregi en julio del 2000 es el más claro. El militante antifranquista y preso político que daba clases de euskera a otros reclusos de la prisión de Basauri, que en su condición de Gobernador Civil de Gipuzkoa había sido una persona clave para poder investigar a Galindo y sus secuaces por el GAL, aquel sin cuyo concurso no hubiera sido posible probablemente la sentencia del caso Lasa y Zabala, era asesinado en Tolosa por ETA. Juan Mari Jauregui, tal como revelaron años después su mujer Maixabel y su hija María, sabía las consecuencias que enfrentaba: “ez dakit nork hilko nauen, edo ETAk edo Galindok berak”. Temía que le asesinara el mismísimo General Galindo, pero lo hizo ETA. Eso sí, ambos por el mismo motivo homicida: su compromiso con la democracia. Con su asesinato, se intentaba matar la democracia como años antes con los de Lasa y Zabala.

Pero Jauregui no fue el único. En 2001 ETA hizo pagar a José María Lidón con su vida su vocación servicio público. Él fue, junto con la instructora Elizabeth Huerta, uno de los primeros jueces que en los 80 procesó y dictó una sentencia condenatoria contra doce guardias civiles, coroneles incluidos, por torturas en el emblemático “caso Linaza”.

         

Y poco después, en 2003, era Joseba Pagazaurtundua el asesinado por ETA. Sus investigaciones como policía municipal de Andoain contribuyeron a desarticular uno de los grupos operativos principales del grupo terrorista de extrema derecha durante la transición Batallón Vasco Español, formado por Iturbide y Zabala. El mismo comando del BVE que antes había asesinado a varios militantes y cargos públicos de la izquierda abertzale en el conocido aquellos años como triángulo de la muerte (Urnieta, Hernani y el mismo Andoain).

Juan Mari Bandrés: por la libertad se muere, pero no se mata.

Y es que la sombra del General era alargada… Tanto que los jueces que se atrevieron a investigar y condenar a aquellos guardias civiles que mataban y torturaban en nombre de una democracia que mancharon, se enfrentaban a sus amenazas. Joaquín Giménez, presidente de las Audiencias Provinciales de Gipuzkoa y Bizkaia en aquella época, lo ha explicado con detalle. Galindo era el que en 1986 le recriminaba a este magistrado haber citado en la apertura del curso judicial a Bandrés y su: “por la libertad se muere, pero no se mata”. Era el que acosaba impunemente, rodeando la Audiencia con decenas de vehículos militares, a estos jueces por citar a declarar a guardias civiles hasta el punto de tener que pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial. Uno de esos jueces era el propio Joaquín Giménez que tras 18 años sentenciando casos de violencia y torturas tuvo que abandonar Euskadi tras la amenaza de una ETA que tenía ya planificado en detalle su asesinato. El mismo juez que defiende el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi y su reinserción social.

En aquellos años la impunidad era tan asfixiante como la bolsa que acabó con la vida de Mikel Zabalza en 1985 en el mismo cuartel de Intxaurrondo que dirigía con mano de hierro el General. La conversación conocida estos días es tremendamente significativa de la impunidad que permite a unos funcionarios del Estado hablar con tal banalidad del asesinato y de la tortura.

Estos días Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, al hilo de la muerte de Galindo, explicaba que “víctima y agresor quedan perpetuamente unidos, se quiera o no. Galindo me recuerda a mi hermano y nuestro apellido y el suyo estarán históricamente enlazados”. Si tiene que ser así, que el nombre de Galindo quede unido a la injusticia de lo que un Estado democrático nunca debería hacer en la lucha contra el terrorismo. Que en su alargada sombra no quepa la tentación de repetir las historias de Lasa, Zabala, Zabalza y de tantos otros.

que el nombre de Galindo quede unido a la injusticia de lo que un Estado democrático nunca debería hacer en la lucha contra el terrorismo

Defender la democracia en Euskadi era enfrentarse a todo tipo de terrorismo. Durante demasiado tiempo en nuestra tierra se mató: en la dictadura, contra la democracia e incluso en nombre de ella. En todos estos casos, cada asesinato político también mataba la democracia. La intentaban matar quienes han secuestrado, torturado, amenazado y asesinado sin importar sus siglas: BVE, GAL o ETA. Y si esa democracia no pereció tras tantos ataques no fue precisamente por el general Galindo, como expresaba en twitter determinada asociación de guardias civiles; fue a su pesar y gracias al compromiso de quienes le plantaron cara a él, a los suyos y a sus métodos, personas como Juan Mari Jauregi, Joseba Pagazaurtundua o José María Lidón. Que no se olvide.

Si esa democracia no pereció tras tantos ataques no fue precisamente por el general Galindo, sino gracias al compromiso de quienes le plantaron cara a él, a los suyos y a sus métodos, personas como Juan Mari Jauregi, Joseba Pagazaurtundua o José María Lidón. Que no se olvide.

 

Sergio Campo, Sabin Zubiri y Xabier Mugarza. Gogoan, por una memoria digna

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Este artículo fue publicado en Gara y Naiz el 26 de febrero.