Gorka Landaburu

El pasado 25 de noviembre en el hotel Radisson Blu, ubicado frente al mar en Biarritz, organizado por la Fundación Buesa con la colaboración de Gogoan y COVITE, nos reunimos por primera vez en Iparralde víctimas de ETA y del GAL, bajo el lema “Las voces de las víctimas del terrorismo y la construcción de la memoria”.

Este acto lleno de simbolismo no tenía otro objetivo que dar a conocer y sobre todo llevar al País Vasco francés, el testimonio conjunto de unas víctimas de la sinrazón de la violencia y del terrorismo de ETA y el GAL.

El evento presentado por Eduardo Mateo, coordinador de la Fundación Buesa, no lleno plenamente nuestras expectativas al asistir solamente unas treinta personas. Nuestro temor confirmó que el GAL no es de interés general para el país vecino. Ni la prensa se hizo eco del evento y la losa del silencio perdura en todos los estamentos. La presencia de la alcaldesa de Biarritz nos alivió al principio, pero su ausencia apenas inaugurarse el acto nos dejó perplejos.

Sin embargo, la intervención de Véronique Caplanne, hija de Robert Caplanne asesinado por el GAL, el 24 de diciembre de 1985, nos devolvió a la cruda realidad del olvido, del desamparo y la soledad con la que han vivido y viven las víctimas del GAL.
Véronique Caplanne con una voz serena pero entrecortada por la emoción, relató como todos estos años, ella y su familia no han recibido ni el menor apoyo ni reconocimiento público por parte de la administración e instituciones francesas.
Con el poco dinero que recibieron del ejecutivo galo pudieron pagar a los abogados españoles que defendieron su causa: ”Me ofrecieron poder disponer del transporte gratuito y hasta hoy nada más”.

Francia siempre ha jugado de forma ambigua con el tema de ETA

Este es un debe inadmisible y preocupante que se asemeja a los años de plomo que vivimos en Euskadi en la década de los ochenta. Francia siempre ha jugado de forma ambigua con el tema de ETA, permitiendo que la banda terrorista mantuviera durante largos años su santuario en Iparralde. Del mismo modo el comportamiento de muchos electos y de la prensa francesa siempre han considerado a ETA, como una organización independentista y no como un grupo terrorista. Es cierto que esta actitud pasiva cambió radicalmente a partir de los años noventa y que posteriormente permitió con la colaboración policial el desmantelamiento y el final de la banda armada. Por fin Paris se tomó en serio el tema de ETA.

Los distintos gobiernos franceses empezaron a preocuparse con la llegada del GAL y sus asesinatos indiscriminados. El Eliseo y los distintos ministros de interior, lavándose las manos consideraban, y así lo hacían saber y afirmando reiteradamente que “ETA, c’est un problème espagnol”. La policía vigilaba y no intervenía para que el País Vasco francés no se contagiara de sus vecinos del norte. Un alto responsable de Renseignements Generaux llego a confesarme que los sábados se desplazaban a la calle Pannecau (casco viejo de Bayona), donde chiquiteaban tranquilamente muchos miembros de ETA con total impunidad, para comprobar quién estaba y quién faltaba. A menudo se saludaban y entablaban la conversación con muchos de ellos.

Nuestro temor confirmó que el GAL no es de interés general para el país vecino

Así se explica en gran parte su no intervención, su omisión y negligencia hasta con sus propias víctimas. Desde los poderes políticos siempre se ha intentado evitar que el territorio galo cayera en un nuevo campo de batalla que podía afectar a la convivencia en Iparralde y sobre todo a su economía y principalmente a su turismo. Sorprendentemente surgió el grupo Iparretarrak, que pretendía emular a su hermano mayor de Hegoalde. Fueron rápidamente desmantelados por la policía. Ni a Paris ni menos a ETA interesaba que este grupo pudiera crecer al otro lado de la frontera. ETA sabía que el nacimiento de Iparretarrak iba a incrementar la presencia policial en Iparralde y perjudicar su movilidad e intereses.

La construcción de la memoria consiste en visibilizar a las víctimas en arroparles, en acompañarles y protegerles para sacarles del olvido, omisión, abandono e indiferencia en la que viven las víctimas del GAL en Francia, desde hace 40 años.
Véronique Caplanne con un reflexión lapidaria nos interpeló a todos al afirmar “Aquí no hay sitio para la memoria. Muchas puertas se han cerrado. Aquí toman partido por los presos, pero no se escucha a las víctimas ni se les reconoce”.

Aquí no hay sitio para la memoria. Muchas puertas se han cerrado. Aquí toman partido por los presos, pero no se escucha a las víctimas ni se les reconoce

En Biarritz en la primera la mesa participamos además de Véronique Caplanne, Marta Buesa, Ana Azpiri y un servidor. En la segunda Martin Alonso, Luisa Etxenique y Pablo Garcia Astrain. El debate fue fructífero y nos comprometimos con la Fundación Buesa, Gogoan y COVITE, a seguir por la vía de la colaboración, a estrechar los contactos y los encuentros para levantar esa losa pesada del olvido y de la incomprensión. Queda tarea. La construcción de la memoria nos debe requerir y comprometer a todos; sobre todo a los franceses.

Sergio Campo / Pello Salaburu *

Artículo publicado en las versiones digitales de El Correo, Diario Vasco y otros periódicos del grupo Vocento.

«Si la democracia mata, la democracia muere», denunció Gesto por la Paz.

Hace escasas semanas, en una charla organizada por la asociación Gogoan, Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, asesinado junto a Josean Lasa por el llamado ‘GAL verde’, ofrecía un testimonio tan desgarrador como constructivo. Desgarrador, por el cúmulo de sufrimientos que tan injustamente ha padecido y que tiene que ver no solo con el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de su hermano, sino también con el maltrato posterior al que está siendo sometida por parte de algunos poderes públicos. Sin embargo, el testimonio de Pili Zabala también fue constructivo. Habló la víctima y también la activista por los derechos humanos. «El dolor de la familia Buesa es mi dolor», dijo en relación con los ataques a la tumba de Fernando Buesa, dirigente socialista asesinado por ETA en 2000.

«Lasa-Zabala: GAL, 40 años» Charla organizada por Gogoan. Bilbao, 10 de octubre de 2023.

Aunque no sea una novedad que víctimas de diferentes terrorismos se reconozcan entre sí (la experiencia de Glencree abrió el camino), estos ejemplos empujan decididamente para que los partidos políticos y la ciudadanía en general interioricemos que todas las víctimas y sus sufrimientos injustos nos interpelan y que para todas ellas debemos exigir el mismo respeto y reconocimiento. No hay argumentación ética que justifique diferencias en el tratamiento social, institucional y jurídico entre las víctimas de ETA y las de los GAL. Tienen los mismos derechos y, por ello, la sociedad y el Estado tienen la obligación de procurar del mismo modo el ejercicio efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

En cuanto a la reparación, las víctimas de los GAL se encuentran, por diferentes motivos, en situaciones muy diversas. No todas ellas eran victimarios y algunas de ellas ya recibieron indemnización en 1999. Es con la reforma de 2012 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo cuando se incorporó la posibilidad de suprimir la indemnización si la víctima hubiera sido también victimario, bajo la excusa de que humillaba al resto de las víctimas. Frente a ello, debemos aclarar que las víctimas quedan igualadas por el mal injusto que sufrieron con su asesinato y esa condición la comparten a partir justamente de ese hecho, no antes. La ejemplaridad de sus vidas nada tiene que ver con su reconocimiento como víctimas.

No hay argumentación ética que justifique diferencias en el tratamiento social, institucional y jurídico entre las víctimas de ETA y las de los GAL.

Las indemnizaciones (y con ellas el reconocimiento formal de su condición de víctimas) a presuntos victimarios-víctimas de los GAL han sido denegadas única y exclusivamente por un acto de voluntad política. Ya que la literalidad de la ley no establece un mandato obligatorio de hacerlo, sino que concede al Estado la potestad de decidir si se lo deniega o no, dejándolo a su voluntad política. Siendo así, para resolverlo ni siquiera sería imprescindible reformar la norma. La misma voluntad que creó el problema lo puede solucionar ahora arbitrando el mecanismo preciso para reconocer a estas víctimas en igualdad de condiciones respecto a las demás.
En lo que respecta a la verdad y a la justicia, es cierto que algunos de los delitos de los GAL han sido juzgados y ha habido condenas, especialmente para los mercenarios en Francia, pero no podemos obviar que las responsabilidades no fueron esclarecidas hasta sus últimas consecuencias. La opinión autorizada y poco sospechosa de los tribunales de justicia españoles es reveladora. La sentencia 24/99 de la Audiencia Nacional en la que se considera a los GAL como banda armada, dice: «Fue el Ministerio del Interior el organismo desde el que finalmente se pudo atajar, en colaboración con el Ministerio del Interior francés, la lucha ilícita contra ETA. Si eso fue así, significaría que ambos departamentos tenían información sobre personas involucradas y que solo a partir de un momento dado lograron neutralizar. Ello conduce a la convicción de que existen responsabilidades de diversa naturaleza que estarían aún por deducir». Añádase que los condenados por crímenes cometidos por los GAL tuvieron en España cumplimientos de pena livianos, en general, propiciados por el propio Estado, incluso a través de indultos.

Acto de Gesto por la Paz en Donostia 6/05/1995

Por todo ello, en estos días en que se cumplen 40 años de las primeras acciones de los GAL, no podemos ni debemos permanecer en silencio porque el dolor de estas víctimas, su sufrimiento injusto, continúa hoy y nos sigue interpelando. Nuestra sociedad tiene que atender las consecuencias de todos los terrorismos y, en particular, es necesario reconocer la enorme grieta ética que representó para nuestra democracia que fuera precisamente el Estado quien, excusándose en su defensa, vulnerara la dignidad y los derechos de sus ciudadanos. «Si la democracia mata, la democracia muere», denunció Gesto por la Paz, porque los GAL fueron una auténtica subversión contra el Estado de derecho.

Así, hoy, 40 años después, el Estado tiene una deuda pendiente con sus víctimas y con el conjunto de la sociedad. El reconocimiento de los errores y los horrores cometidos, lejos de debilitar al Estado de derecho, lo fortalece y lo legitima. Nadie debería valorarlo como una muestra de debilidad, sino como voluntad de superar los traumas del pasado y fortalecer la convivencia.

Nuestra sociedad tiene que atender las consecuencias de todos los terrorismos.

Por eso, algunas personas de la sociedad civil vasca que nunca callamos ante el terrorismo, queremos alzar la voz para decir con claridad que el Estado tiene deudas pendientes y emplazar a sus responsables a realizar un solemne reconocimiento de responsabilidad en la injusticia del daño causado, así como a poner fin a los agravios en el tratamiento de los derechos de las víctimas de los GAL, aplicando el principio constitucional de igualdad.

Es de justicia. Que no tenga duda nadie.

*Firman también este artículo: Isabel Urkijo, Gorka Landaburu, Lourdes Oñederra, Milagros Rubio, Jon Arrizabalaga, Sabin Zubiri, Iñaki García Arrizabalaga, Jesús Herrero y Kepa Korta.