Reflexiones ante la manifestación de Sare, el próximo 13 de enero, bajo el lema “konponbiderako giltzak” (llaves para la resolución)

Hoy quedan aproximadamente 150 presos de ETA (9 de ellos en Francia, y 142 forman parte del EPPK). Cuando ETA asumió su final, en 2011, había 700 presos de ETA [Datos AVT y Etxerat].

Conseguido el reivindicado traslado a Euskadi y Navarra de todos los presos de ETA que cumplían condena alejados de sus lugares de residencia, el debate penitenciario sobre ellos continúa centrado en el acceso al tercer grado, una clasificación que supone en la práctica un régimen de semilibertad.

Desde SARE y el movimiento de apoyo a los presos de ETA se denuncia la actuación sesgada de los jueces de la Audiencia Nacional, concretada en interpretaciones restrictivas y desproporcionadas de los requisitos legales exigidos para acceder al mencionado tercer grado. Reivindican la supresión del control judicial por parte de la Audiencia Nacional de las decisiones adoptadas por la administración penitenciara vasca.

También se añade la exigencia de poner fin a la excepcionalidad legal existente en el ordenamiento penal y penitenciario respecto los delitos de terrorismo. Por un lado, para equiparar los requisitos legales para la concesión del tercer grado con respecto al resto de delitos. También, la posibilidad de computar con carácter retroactivo el tiempo de prisión cumplido en Francia. Y, finalmente, modificar el cumplimiento íntegro de penas y los 40 años de límite máximo efectivo de privación de libertad. De cualquier manera, ahora mismo, su prioridad está fijada en la concesión de los terceros grados.

El 80% de los presos de ETA (40 de 51) que han sido calificados en tercer grado, lo disfrutan ya de manera firme

Hay que recordar que para el acceso al tercer grado y a la libertad condicional en los casos de delitos de terrorismo, la ley penitenciaria exige que las personas presas muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades.

La clasificación en tercer grado corresponde a la administración penitenciaria (Gobierno Vasco en el caso de Euskadi) y está sometida a revisión judicial en el caso de que sea impugnada por la fiscalía.

Desde el 1 de octubre de 2021, el Gobierno Vasco ha aprobado 61 resoluciones de concesión de tercer grado (10 de ellas repetidas) a 51 presos de ETA, de las cuales 28 han sido recurridas por el Ministerio Fiscal. De ellas, 15 fueron revocadas, 7 están suspendidas pendientes de decisión judicial y 6 fueron confirmadas por la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso interpuesto. Esto es, el 64% de las concesiones de tercer grado a presos de ETA por parte de la administración penitenciaria se han ajustado a derecho, según el criterio del Ministerio Fiscal y de la Audiencia Nacional. Por otra parte, casi una de cada cuatro fue revocada, suponiendo algo más de la mitad del total de las resoluciones recurridas. Y por lo tanto el 80% de los presos de ETA (40 de 51) que han sido calificados en tercer grado, lo disfrutan ya de manera firme. [Datos EuropaPress y Diario Vasco].

Por tanto, la realidad es que no pocos presos de ETA han conseguido la clasificación en tercer grado y también la libertad condicional.

La experiencia que supuso el proceso de encuentros restaurativos de Nanclares

Cabe preguntarse cuál es la razón por la cual no hay mayores avances en el tratamiento penitenciario y en el acceso a los regímenes de semilibertad en el colectivo de presos de ETA.

En este sentido, es preciso recordar que nuestra legislación penitenciaria concibe la reinserción, objetivo principal de la pena privativa de libertad, con protección constitucional, como un derecho del reo y no como una obligación para él. Es el condenado quien puede dar los pasos necesarios para avanzar en el camino hacia una libertad adelantada. Es su decisión. La ley no hace sino marcar ese camino. Y por él parece que han transitado no pocos presos de ETA, a la luz de los datos antes expuestos.

¿Por qué habrían de ser más, si no cumplen los requisitos legales exigidos? Las leyes están para ser cumplidas y los jueces para garantizar su cumplimiento. Si no se está de acuerdo con la ley, habrá de plantearse su reforma, pero no su incumplimiento.

Trampa ética consistente en seguir presentando a quienes han cometido gravísimos delitos como si fueran víctimas-mártires

Ya hemos escuchado con claridad las voces que desde ese mundo han dibujado la frontera infranqueable para los presos: lo que ellos denominan arrepentimiento y delación. Olvidándonos de la cuestión de la delación, que no ha estado realmente sobre la mesa en ningún momento, pensemos en el significado del arrepentimiento y sus posibilidades de expresión. Ni siquiera se plantea como exigencia el seguimiento mimético de modelos que han causado el aplauso, la aprobación y la satisfacción muy generalizada en la sociedad vasca, como la experiencia que supuso el proceso de encuentros restaurativos de Nanclares. Hay otras vías con niveles inferiores de exigencia que se han demostrado válidas para cumplir con la ley. Ese es el camino. Y quien no quiera seguirlo, está en su derecho, pero no podrá pretender derivar ese problema al conjunto de la sociedad.

Es necesario subrayar que propugnar el fin de la excepcionalidad legislativa en lo referente al tercer grado es defender la supresión del requisito de arrepentimiento y petición de perdón a las víctimas, que son los requisitos específicos que afectan a los delitos de terrorismo. Es decir, dar cobertura a quienes no se arrepienten y a quienes no piden perdón a sus víctimas. ¿Alguno de los partidos va a plantear iniciativas legislativas para reformar la legislación penitenciaria en este sentido? Sería el camino lógico y adecuado.

Lo que más beneficiaría a la convivencia en Euskadi y Navarra sería el reconocimiento del daño injusto que ETA causó en nuestra sociedad

Detrás de todo esto, se sitúa la trampa ética consistente en seguir presentando a quienes han cometido gravísimos delitos como si fueran víctimas-mártires. Un victimismo con el que se ocultan o camuflan las responsabilidades de los presos de ETA, y de quienes les apoyaron en su estrategia político-militar terrorista.

¿Beneficia realmente esta postura a la convivencia en nuestro país? En nuestra opinión, lo que más beneficiaría a la convivencia en Euskadi y Navarra sería el reconocimiento del daño injusto que ETA causó en nuestra sociedad, fruto de la decisión personal de quienes apostaron por esa estrategia y de quienes les apoyaron y legitimaron.

Ahí, les seguimos esperando.

“Konponbiderako giltzak» lelopean Sarek urtarrilaren 13an egingo duen manifestazioaren inguruko hausnarketak

Gaur egun ETAko 150 preso inguru daude kartzeletan (horietatik 9 Frantzian, 142 EPPKren parte direlarik). ETAk bere amaiera onartu zuenean, 2011n, ETAko 700 preso zeuden [AVT eta Etxerat-en datuak].

Zigorra beren bizilekuetatik urrun betetzen ari ziren ETAko preso guztiak Euskadira eta Nafarroara lekualdatzeko aldarrikapena lortu ondoren, espetxe inguruko eztabaidak, praktikan erdi-askatasuneko erregimena suposatzen duen hirugarren graduaren inguruan zentratuta jarraitzen du.

SAREk, ETAko presoen aldeko mugimendua lideratuz Auzitegi Nazionaleko epaileen jokabide partziala salatu du, hirugarren graduan sartzeko eskatzen diren lege-baldintzen interpretazio murriztaile eta neurrigabeak egitea. Auzitegi Nazionalak euskal espetxe-administrazioak hartutako erabakien kontrol judiziala ez izatea aldarrikatzen dute.

Horrez gain, terrorismo-delituei dagokienez, zigor-arloko eta espetxe-arloko ordenamenduan dagoen lege-salbuespenari amaiera emateko eskakizuna gehitu da. Batetik, hirugarren gradua emateko legezko baldintzak gainerako delituekin parekatzeko. Halaber, Frantzian betetako espetxealdia atzeraeraginezko izaerarekin zenbatzeko aukera. Eta, azkenik, zigorrak osorik betetzea eta kartzelaratzeko 40 urteko gehieneko muga efektiboa aldatzea. Dena den, une honetan, lehentasuna hirugarren graduen gaia da.

Hirugarren graduan kalifikatutako ETAko presoen % 80a (51tik 40k) irmoki daude egoera horretan

Espetxe legeak, terrorismo-delituetan, hirugarren gradua eta baldintzapeko askatasuna lortzeko presoek helburu eta bitarteko terroristak alde batera utzi dituztela argi eta garbi erakustea eskatzen duela gogoratu behar dugu, agintariekin modu aktiboan kolaboratzearekin batera. Hori egiaztatzeko, alde batetik berariaz adierazi beharko dute beren delitu-jarduerak gaitzesten dituztela, indarkeria bertan behera uzten dutela eta beren delituaren biktimei barkamena eskatzen dietela; eta bestetik txosten teknikoen bidez egiaztatu daiteke presoa ez dagoela benetan lotuta erakunde terroristarekin eta haren inguruko elkarte eta kolektibo ilegalen jarduerekin.

Hirugarren graduan sailkatzea espetxe-administrazioari dagokio (Eusko Jaurlaritzari, Euskadiren kasuan), fiskaltzaren aurkaratzearekin berrikuspen judizialaren mende dagoelarik.

2021eko urriaren 1etik, Eusko Jaurlaritzak 61 ebazpen onartu ditu ETAko 51 presori hirugarren gradua emateko (horietako 10 errepikatuak). Horietatik 28 errekurritu ditu Fiskaltzak. Horietatik, 15 baliogabetu egin ziren, 7 epailearen erabakiaren zain daude eta 6 Auzitegi Nazionalak berretsi zituen, jarritako errekurtsoa ezetsita. Hau da, espetxe-administrazioak ETAko presoei emandako hirugarren graduen % 64 zuzenbidera egokitu dira, Ministerio Fiskalaren eta Auzitegi Nazionalaren irizpidearen arabera. Bestalde, lautik ia bat ezeztatu egin zen, errekurritutako ebazpen guztien erdia baino gehixeago. Beraz, hirugarren graduan kalifikatutako ETAko presoen % 80a (51tik 40k) irmoki daude egoera horretan. [EuropaPress eta Diario Vasco-ren datuak].

Beraz, begi bistakoa da ez direla gutxi hirugarren gradua zein baldintzapeko askatasuna lortu duten ETAko presoak.

Datu hauekin, ETAko presoei dagokionez, espetxe tratamenduan eta kolektibo honetan erdi askatasuneko erregimenerako bidean aurrerapen handiagorik zergatik ez dagoen galdetu beharko genioke gure buruari.

Onarpena eta gogobetetze oso orokorra eragin zuen Langraizko berrezartze topaketen parekorik

Ildo horretan, gogoratu behar da gure espetxe-legeriak birgizarteratzea, kartzelaldiaren helburu nagusia dena, babes konstituzionalarekin, errudunaren eskubide gisa ulertzen duela, eta ez betebehar gisa. Kondenatua da askatasun aurreratu baterako beharrezkoak diren pausoak eman dezakeena. Bere erabakia da. Legeak bide hori markatu baino ez du egiten, aurretik aipatu datuen arabera ETAko preso dexentek jarraitutako bidea hain zuzen ere.

Zergatik izan behar dute gehiago hirugarren graduan, legezko baldintzak betetzen ez badituzte? Legeak betetzeko daude, eta epaileak, berriz, betearazteko. Legearekin ados ez bagaude, legearen aldaketa planteatu beharko da, baina sekula ez ez-betetzea.

Tranpa etikoa dago, delitu oso larriak egin dituztenak biktima, martiri bezala aurkezten baitira

Argi eta garbi entzun ditugu mundu horretatik presoentzako muga gaindiezina marraztu duten ahotsak: damua eta salaketa. Inoiz mahai gainean egon ez den salaketaren gaia alde batera utzita, pentsa dezagun damuaren esanahia eta adierazteko aukeren inguruan. Euskal gizartean txaloak, onarpena eta gogobetetze oso orokorra eragin zuen Langraizko berrezartze topaketen parekorik ez da eskatzen. Badira eskakizun-maila baxuagoko beste bide batzuk, legea betetzeko baliozkoak direla frogatuak. Hori da bidea. Eta jarraitu nahi ez duenak bere eskubidea du, baina ezingo du arazo hori gizarte osora bideratu.

Azpimarratzekoa da, hirugarren graduari dagokionez, lege-salbuespenaren amaieraren alde egitea damua eta biktimei barkamena eskatzeko betebeharra kentzea dela, horiek baitira terrorismo-delituei eragiten dieten baldintza espezifikoak. Hau da, babesa ematea damutzen ez direnei eta biktimei barkamena eskatzen ez dietenei. Alderdiren batek lege-ekimenik planteatuko al du ildo horretan espetxe-legeria erreformatzeko? Bide logikoa eta egokia litzateke.

Mina horren bidegabetasuna aitortzea izango litzateke Euskadin eta Nafarroan bizikidetzari mesede handiena egingo liokeena

Horren guztiaren atzean tranpa etikoa dago, delitu oso larriak egin dituztenak biktima, martiri bezala aurkezten baitira; ETAko presoen eta estrategia politiko-militar terroristan babestu zituztenen erantzukizunak ezkutatzen dituen biktimismoa.

Benetan mesede egiten dio honek gure herriko bizikidetzari? Gure ustez, gure gizartean ETAk eragindako mina babestu eta legitimatu zutenek, mina horren bidegabetasuna aitortzea izango litzateke Euskadin eta Nafarroan bizikidetzari mesede handiena egingo liokeena.

Hor, zuen zain gaude.

Pello Salaburu

Por muchos años que pasen, todos los asesinatos siguen interpelando. En nuestra historia reciente, los asesinatos cometidos en nombre del pueblo vasco, sin que nadie hubiese contratado al ejecutor, interpelan aún más: lo hacen a quien fue el causante, a la familia que lo sufrió, a la parte de la sociedad que lo permitió y al resto que quiere pasar página, con la confianza íntima de que olvidando lo sucedido se puede vivir con más tranquilidad.

Estamos ante algo mucho más básico y elemental. Es la viva imagen de la miseria moral de un pueblo, de la ruptura y pisoteo de unas normas mínimas de convivencia y respeto

Me referiré en particular a uno de estos asesinatos: reúne todos los ingredientes que sazonan una crueldad ejercida a lo largo de los años contra una familia acorralada por matones de pueblo. Se asemeja a esas persecuciones sin miramientos que hemos visto en las películas del lejano oeste, y se ha producido con el visto bueno, cuando no con el apoyo explícito, de los gobernantes locales. Una persecución tuvo su punto culminante en el asesinato del padre, Jesus Ulayar (alcalde de Etxarri-Aranatz entre 1969 y 1975), pero que no acabó allí. El hostigamiento a la familia, terco en hechos, continuó durante varias décadas más, a la vista de todos. Aún continúa. Su hijo Salvador lo contó en un libro publicado en 2014: Morir para contarlo.

El 27 de enero de 1979 Salvador Ulayar tenía 13 años cuando vio con horror que alguien disparaba contra su padre y lo remataba en el suelo. Territorio comanche: Etxarri Aranatz. ETA: asesinado por «actividades fascistas y antivascas». El libro lo narra con detalle: el salvaje asesinato; las injurias contra una familia impotente en un pueblo silencioso; las enormes dificultades de todos y cada uno de los miembros para seguir haciendo su vida (el hermano mayor, 19 años, tuvo que hacerse cargo del negocio al día siguiente, para poder alimentar a los cinco miembros de la familia); la falta de empatía generalizada por parte de la mayoría de los vecinos; la revictimización de la familia que pasa a ser en la práctica la causante de sus propias desgracias («Algo habrá hecho») y los fallos del sistema judicial y de todos los sistemas de servicio de la administración frente a una familia sufriente pero llena siempre de enorme dignidad. La viva imagen del vacío.

«A mí algún día me pegarán cuatro tiros». Estremece pensar lo que pudiera pasar por la cabeza de aquel hombre cuando soltó esa frase a su hijo adolescente

«A mí algún día me pegarán cuatro tiros». Estremece pensar lo que pudiera pasar por la cabeza de aquel hombre cuando soltó esa frase a su hijo adolescente. El autor añade a continuación: «Solo se equivocó en uno». Fueron cinco, en realidad, aunque parece que quizás una de las balas no llegó a tocarlo. El larguísimo calvario de la familia aparece recogido con fidelidad en un libro que ninguna editorial quiso publicar, bien sea por miedo o porque entendían que tenía poca salida comercial. Un libro editado por la propia familia, según indica el epílogo, y que resulta esencial para preservar nuestra memoria: la memoria y el recuerdo de unos hechos sobrecogedores que jamás debieron suceder. Y que una sociedad democrática está obligada a recordar.

La familia vivió rodeada de mentiras, de esas mentiras que comenzaron ya de inmediato cuando desde el ayuntamiento, y en una asamblea multitudinaria, se negó a Martina y Petra, hermanas de Jesús, que alguien que firmaba como Andrés Fernández de Garayalde, de Bilbao, hubiera remitido 1.500 pesetas para contribuir a los gastos del entierro. Se les tachó de mentirosas en público. Ese dinero, sin embargo, apareció como por arte de magia en la cuenta corriente de la familia al cabo de diez meses. El Ayuntamiento hizo el ingreso sin ninguna explicación.

No ha habido piedad con esta familia. Salvo excepciones, no ha habido compasión, solo ha habido escarnio. El pequeño comercio que tenían se convirtió en el termómetro de la actitud de los vecinos, que condenaron a la soledad más absoluta a una familia del pueblo que vio cómo su vida se convertía en un horror.

Entre quienes fueron detenidos, un pariente, Eugenio Ulayar Huici, hijo de un primo carnal del asesinado, a quien Salvador aseguró haberlo visto a los pocos minutos del asesinato, en el lugar de los hechos. También los hermanos Nazabal Auzmendi. Reparaz Lizarraga completaba el listado de héroes. Del proceso judicial, que concluyó con años de condena (entre 27 y 6) para todos los acusados, la familia casi no se enteró. Nadie les dijo siquiera que podían personarse como acusación particular.

Varias veces se han colocado grandes fotografías de los asesinos en la fachada principal del Ayuntamiento mientras los vecinos bailan en las calles.

El trabajo de policías y jueces fue completado en el juicio paralelo que impulsó el propio ayuntamiento: despegó pancartas a favor de los detenidos, ante la oposición de una familia rota por el dolor; y para cuando abandonaron la prisión, entre 1996 y 1998, la Corporación Municipal ya los había nombrado hijos predilectos. Vicente Nazabal, uno de los hermanos, el que apretó el gatillo, salió de la cárcel en 1996. Me río yo de los ongi-etorris. Recibió un sentido y cálido homenaje de bienvenida, con comida popular incluida, y un alegre pasacalles festivo-militar desfiló por delante de la casa donde vivió el exalcalde asesinado. Como no era suficiente, ese año inauguró las fiestas del pueblo lanzando el chupinazo desde el balcón. En 1998 se repetiría algo parecido con el siguiente delincuente que salía de la cárcel, el otro hermano. Todo en familia. Varias veces se han colocado grandes fotografías de los asesinos en la fachada principal del Ayuntamiento mientras los vecinos bailan en las calles. La corporación completó su actuación colocando tres contenedores de basura en el lugar donde mucho antes había caído abatido Jesús. Años más tarde, a instancias del gobierno presidido por Uxue Barkos, y no sin insistencia, se consiguió que se retiraran. Por supuesto, en esos años se habían abonado ayudas a esos modélicos presos y a sus familiares con cargo al presupuesto municipal o mediante aportaciones «voluntarias» de fondos que incluso fueron solicitados a la propia familia Ulayar, como publicara en su día (10/12/2000) un amplio reportaje de Diario de Navarra firmado por Javier Marrodán Ciordia.

Esta situación surrealista causa estupefacción a quien tenga, no ya algo de empatía con sus propios vecinos, sino dos dedos de frente. No estamos hablando de arrepentimiento: de hecho, cuando los condenados se han encontrado en alguna ocasión con los hijos de las víctimas, no han tenido empacho en lanzarles una patada, pegarles un cabezazo e incluso apuntarles con un paraguas simulando un arma. Estamos ante algo mucho más básico y elemental. Es la viva imagen de la miseria moral de un pueblo, de la ruptura y pisoteo de unas normas mínimas de convivencia y respeto. Eso es una lacra inmensa para la sociedad en su conjunto, una lacra que parece que no queremos ver. Porque el asunto no acaba ahí.

La corporación completó su actuación colocando tres contenedores de basura en el lugar donde mucho antes había caído abatido Jesús.

La familia Ulayar intentó que el Ayuntamiento retirara ese título abyecto de hijos predilectos. No pudo ser. La moción, presentada por UPN, indica el reportaje citado, así como el libro de Salvador, fue rechazada por los cuatro concejales de HB y la abstención de los seis concejales de la coalición EA-PNV («enterados del escrito sin entrar en la votación del mismo», parece que estuviesen friendo la velocidad). Estamos ante una historia que llena de miseria moral a todos sus protagonistas: un ambiente claustrofóbico, lleno de mesianismo y miedo, que acaba encerrándolos en una espiral sin sentido.

Todos esos años, la familia se ha sentido sola. Se sigue sintiendo sola. Porque, además, para completar el cuadro, durante esos años, la casa ha aparecido en muchas ocasiones con pintadas a favor de ETA. Han sido inútiles, por supuesto, todos los esfuerzos del Departamento de Paz y Convivencia del gobierno de Navarra y el empeño de la familia para que los servicios de limpieza de un municipio que de forma tan entusiasta y estúpida se ha volcado con los integrantes del comando asesino limpiasen a fondo la pared. No les toca. El 14 de noviembre pasado la Delegación del Gobierno de Navarra se dirigió al ayuntamiento para que procediera a borrar la pintada «ETA» en una pared de la casa. Daba un mes de plazo. No parecía complicado.

La miseria moral no desaparece

En el sano juicio de una persona o de una institución no parece que debiera haber problemas. Los hubo. El Ayuntamiento, ante una petición de esa envergadura, solicita un informe jurídico para ver si, además de recibir como héroes –sin ningún informe– a delincuentes que han matado a un ex-alcalde del municipio, puede borrar también la palabra «ETA» de un domicilio particular, tras haber sido solicitado de forma reiterada por la familia y ordenado por la Delegación del Gobierno.

Se trata de un informe prolijo de 13 páginas del 11 de diciembre), lleno de párrafos farragosos, cuyo coste en horas y euros desconozco. Y concluye, atención, (en lo que sigue incluyo comas que faltan en el original, aunque he respetado las redundancias) de este modo: «El Ayuntamiento, en un sentido amplio de la limpieza viaria, debería limpiar aquellas pintadas que estuvieran en edificios o espacios públicos; y trasladar una notificación al particular propietario del bien afectado por la pintada, informándole del oficio». Es decir: da lo mismo que diga «Gora ETA!», «El dueño es un violador de niños», «Muerte al alcalde”, “Esta señora tiene 5 esclavos en casa» o «Beba Coca-Cola». El Ayuntamiento no puede intervenir. ¿Por qué? Porque así se evitan posibles reclamaciones de los particulares afectados.

De modo que eso se ha comunicado a la familia (Expediente 678/2023, sin fecha): ¿Quieren que se quite eso? Pues quítenlo ustedes, que nosotros nos metemos en un lío con ustedes si lo hacemos. No vaya a ser que ustedes nos acaben llevando a los tribunales.

Pronto serán ya 45 años de tortura. La miseria moral no desaparece. Antes de que termine este año, y ante la falta de esperanza en que se puedan conseguir unos mínimos de convivencia un poco más dignos, desde Gogoan-Por una memoria digna queremos mandar un sentido abrazo a toda la familia Ulayar. Nosotros, al menos, estamos con ellos.

NOTA. En la última semana del año 2023, el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz borró la pintada de la fachada.

Hace 40 años, el GAL cometió sus primeros crímenes. Dos miembros de ‘Gogoan-por una memoria digna’, Pello Salaburu e Isabel Urkijo, conversan sobre las simas pendientes en la investigación y reparación de lo sucedido. Vía @noticiasnavarra

https://www.noticiasdenavarra.com/politica/2023/12/26/gal-40-anos-sombras-7675545.html