Txema Urkijo. Miembro de Gogoan – Por una memoria digna

Para evitar despistarnos con debates de tiempos pasados, diremos que, al menos en la última década, la situación de los presos de ETA se ajusta y respeta el marco legal vigente. No porque lo diga yo, claro está, sino porque así lo corroboran las resoluciones judiciales recaídas cuando una (Fiscalía) u otra parte (las defensas de los internos) han acudido a la vía judicial al entender que se vulneraba en algún extremo la legislación vigente.

En unas ocasiones, los tribunales han rechazado las peticiones planteadas y, en otras, las han aceptado, pero el resultado final solo se puede entender como una confirmación o restauración de la legalidad. El frecuente recurso a los tribunales europeos no ha modificado, sino al contrario, en lo sustancial esta valoración.

Una consecuencia de esta afirmación es que carece de fundamento una reivindicación de respeto de los derechos de las personas pertenecientes en su día a ETA que cumplen actualmente condena por delitos de terrorismo. Al menos, de fundamento jurídico.

Sí parece que pueda tener sentido lo que más probablemente constituya la auténtica pretensión de quienes aprovechan las aglomeraciones festivas del estío para hacer oír su voz con el eslogan “ETXERA”, que no es otra que modificar la actual legislación penitenciaria, para conseguir un trato similar al de los presos llamados comunes.

Reivindicar derechos cuando, en realidad, se defienden objetivos de política legislativa, tal vez no sea una triquiñuela (cada uno que piense lo que quiera), pero sí induce a la confusión. Mucha gente de buena fe no tolera una vulneración de derechos. Negar a las personas presas lo que por ley les corresponde no es aceptable para cualquier defensor de los derechos humanos. Pero si se respeta la ley, el marco constitucional y el de derechos humanos a nivel internacional, tal vez no se sienta impulsado a suscribir ninguna reivindicación tendente a modificar una norma con el único objetivo real de que sujetos que han cometido graves delitos terroristas regresen antes a CASA.

A esta consideración debe añadirse otra no menor. Valorando como legítima – faltaría más – la pretensión de modificar la normativa penitenciaria para suavizar los requisitos de acceso al tercer grado y la libertad condicional, evitando con ello las interpretaciones excesivamente rigoristas de la fiscalía de la Audiencia Nacional y de la propia sala, su síntesis en la expresión ETXERA contiene una connotación especialmente significativa.

La eliminación de la excepcionalidad en la normativa penitenciaria aplicable a las personas de ETA que cumplen condena puede ser un objetivo de justicia material que se concentra en la aplicación equitativa de la ley, en el acto de su aplicación en sí mismo.

Sin embargo, en la formulación que, como hemos señalado, sintetiza esta reivindicación, “ETXERA”, hay un indudable y entrañable aroma de cariño, dulzura, calor, paz… Una referencia de enorme simbolismo, la casa. Son connotaciones que exceden el ámbito de la estricta búsqueda de una opción justa en la aplicación de una ley, para desplazarla a sus consecuencias, aquellas que visualizan mejor el objetivo político perseguido. Es la recompensa merecida, el reconocimiento, el tributo.

No seré yo quien juzgue estas legítimas motivaciones si se mueven en el terreno de lo personal o, al menos, de lo privado. Pero, resultando tan evidentes, no puede sorprender a nadie que haya una parte de la ciudadanía de este país (lástima que, como siempre, tan minoritaria) que eleve su enérgica protesta cuando se traslada al ámbito público.

El error – y esto lo comparto con SARE – es acudir a ese concepto tan escurridizo de la humillación de las víctimas. Pues no. Es comprensible que a las víctimas les pueda doler y molestar, pero esto no va de asuntos privados y esferas particulares, sino de ética pública y de defensa de un concepto de valores de ciudadanía. Sencillamente es éticamente intolerable (ojalá lo fuera también políticamente) que continúen las exhibiciones de apoyo, enaltecimiento, condescendencia y comprensión hacia quienes, habiendo provocado tanto dolor y sufrimiento a la sociedad y habiendo perturbado en tal grado la convivencia de este país, no han mostrado hasta la fecha el más mínimo signo de contrición.

Porque también a la ética pública (además de a la legislación penitenciaria) corresponde dar un trato diferente, mejor, a la persona delincuente que ha sido capaz de realizar un recorrido de reflexión personal autocrítica, asumiendo su responsabilidad en el daño ocasionado y reconocido como injusto.

Y, honestamente, no hay ni un gramo de intencionalidad política en estas líneas.